Este martes se ha publicado una exhaustiva investigación de la organización ecologista WWF que pone cifras a una práctica conocida por administraciones, agricultores y vecinos: el robo de agua en el regadío español. Según el trabajo de los conservacionistas, realizado a lo largo de un año con ayuda de imágenes a vista de dron, en cuatro de los acuíferos más importantes de España –Mar Menor, Doñana, Tablas de Daimiel y Los Arenales– se extraen ilegalmente 220 millones de metros cúbicos de agua, más de 65.000 piscinas olímpicas, en más de 88.000 hectáreas: ocho veces la ciudad de Barcelona. No es una sorpresa. Las confederaciones hidrográficas, en los borradores de los nuevos planes hidrológicos, reconocen las carencias en el control y la inspección y el fracaso a la hora de poner fin a estas prácticas.

El uso de recursos hídricos sin permiso es un problema, «un escándalo y un delito», según los activistas, por varias razones. Precisamente los cuatro acuíferos analizados por WWF son espacios protegidos que están en riesgo de degradación permanente por, entre otras razones, la esquilmación constante de su agua por la agricultura intensiva. No solo consumimos más de la que tenemos y vamos a tener en un contexto de cambio climático: también consumimos más de la que permitiría la pervivencia de los ecosistemas. Los acuíferos de estas zonas están en mínimos históricos, lo que rompe los ciclos naturales; y altamente contaminados, lo que incluso supone un peligro para el consumo humano.