No todos los problemas tienen solución y, desde luego, no todos ofrecen una solución que llegue a satisfacer a las partes enfrentadas. Kosovo es un ejemplo claro. Cuando una parte de la comunidad internacional, con EE UU a la cabeza, decidió impulsar la independencia de esta antigua provincia serbia se metió en un jardín legal del que resultaba difícil salir sin saltarse principios del derecho y sin romper promesas que se realizaron en tiempos de guerra. Kosovo no tiene nada que ver con Cataluña, ni España con la antigua Yugoslavia: ni por su historia, ni por su sistema político, ni por los problemas que llevaron al estallido de este país balcánico. El problema que plantea la independencia unilateral de Kosovo es que se trata de una excepción, es la demostración de que, si lo considera necesario, la comunidad internacional puede romper sus propias normas.
Todo esto no quiere decir que la independencia de Kosovo no esté justificada, ni que los albaneses de este territorio no se hayan ganado el derecho a construir un país, pero no se puede ocultar que logró su independencia con la oposición del Estado al que pertenecía, Serbia, y en clara contradicción con la promesa que la comunidad internacional hizo a Belgrado cuando las tropas de la OTAN entraron en 1999. Por estos motivos, el Gobierno español, sin importar el signo político, se ha mostrado siempre en contra de reconocer a Kosovo (algo que han hecho 112 países) y lo ha dejado claro con diferentes puñetazos diplomáticos sobre la mesa.