Relaciones Internacionales – Comunicación Internacional

Seguridad e información

| 0 Comentarios

 

Newsmakers with Senator Patrick Leahy

Nov 15, 2013

Senate Judiciary Committee Chair Patrick Leahy (D-VT) talked about National Security Agency (NSA) surveillance programs and the USA FREEDOM Act, which he co-wrote. The bill was intended to rein in the National Security Agency’s collection of Americans’ telephone records as well as its searches of electronic mail and social networking sites. He was a co-author of the PATRIOT Act in 2001, and the plan for the new bill is to correct some of the practices that had sprung from that act. After the interview the reporters discussed his responses with the host.

Las reformas legales aprobadas tras el 11-S en los EE.UU., la multiplicación de recursos técnicos, humanos y económicos dedicados a la seguridad y los avances de los medios disponibles para grabar, almacenar y distribuir información han desequilibrado por completo la balanza entre seguridad e información a favor de la primera.

Wikileaks, Edward Snowden y otros denunciantes de los excesos cometidos en nombre de la seguridad simplemente han arrojado un  poco de luz sobre y nos han permitido ver, despertar o ser conscientes de los riesgos para la democracia y para las libertades si no se corrige y se cambia la forma de informarse de los principales actores internacionales.

El espionaje masivo de ciudadanos nacionales y extranjeros por los EE.UU., tal como han dado a conocer los informes robados por Wikileaks, Manning y Snowden plantean numerosas interrogantes sobre el binomio seguridad-información:

  • Por su naturaleza, extraer información de la nube o de las redes de comunicaciones equivale a entrar en una casa u oficina particular y llevarse documentos. Es un robo y, por consiguiente, un delito. «Se hace porque se puede», dicen los defensores de estas prácticas. «Es ilegal», advierten los críticos.
  • «No, es legal, perfectamente legal», responden los responsables de los servicios secretos estadounidenses.

Aunque lo fuera desde la Patriot Act y otras directivas firmadas por el Presidente Bush tras el 11-S, es obvio que, de la forma indiscriminada y masiva en que se están interceptando las comunicaciones -con permiso muchas veces de los servidores y empresas de comunicación supuestamente responsables de impedirlo-, se vulnera flagrantemente el derecho a la privacidad reconocido en todas las constituciones democráticas: una de las condiciones fundamentales para la supervivencia de la democracia.

«No importa, es el precio que estamos obligados a pagar por la seguridad», contestan los vigilantes del nuevo Gran Hermano. «No queda más remedio si queremos evitar que se repitan atentados como los del 11-S, 11-M, 7-J…»

  • Argumento falaz. Como señala el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, justificar la violación de la privacidad o del derecho a la información en aras de la seguridad equivale a justificar el terrorismo de estado.

Pongámonos en la piel de los responsables de las principales agencias de seguridad que han puesto en marcha los programas conocidos y muchos sin conocer por el público de espionaje masivo. ¿Qué se pretende proteger? ¿Qué se ha conseguido con ello? ¿Qué garantías ofrecen para un uso adecuado, legal, limitado y eficaz de esa información sin que se convierta en un arma arrojadiza en manos de funcionarios, burócratas, políticos o militares sin control de nadie?

¿Tiene sentido seguir manteniendo que hay servicios de seguridad con competencias sólo internas y otros con competencias sólo externas cuando la mayor parte de las actividades que investigan (narcotráfico, blanqueo de dinero, evasión fiscal, financiación del terrorismo….) no tienen fronteras ni actores establecidos sólo en espacios nacionales?

  • ¿Podemos fiarnos de quienes han sido incapaces de evitar que un chaval de 29 años y un cabo con problemas psicológicos roben millones y millones de documentos sobre actividades supersecretas, poniendo en peligro la credibilidad, la fiabilidad de miles de diplomáticos, políticos y funcionarios en sus relaciones con los de otros países?

El problema está en los límites. ¿Dónde están los límites? Si no están claros, ¿cómo impedir que los servicios de seguridad se apropien de forma indiscriminada (con posibilidades de utilizar luego esa información de forma discriminada e incorrecta) de los historiales médicos, académicos o laborales de cualquier persona?

¿Todo con tal de impedir que ganen los enemigos? ¿Para evitar nuevos 11-S?

Antes del 11-S -como dejó muy claro el informe de la Comisión que lo investigó- los servicios de seguridad estadounidense disponían de un volumen gigantesco de datos sobre las amenazas que podían estar en el origen de un atentado como aquel. Pero los ignoraron.

La cuestión no es esa. Lo importante es cuánta de nuestra privacidad personal estamos dispuestos a perder en aras de una mayor seguridad -inalcazable al cien por cien, salvo en el paraíso o el totalitarismo más absoluto- y qué ganamos, a fin de cuentas, con esa supuesta mayor seguridad. La pérdida total de privacidad no nos garantizaría más seguridad, todo lo contrario: facilitaría los abusos, la manipulación y, en definitiva, la inseguridad.

¿Qué sentido de la legalidad y de la democracia tienen los jueces que, durante años, han dado por legal la interceptación de correos de internet, mensajes de móviles y todo tipo de comunicaciones por parte de las agencias de seguridad? La interrupción de esos programas de control de ciudadanos estadounidenses parece indicar que la Administración Obama tenía serias dudas sobre su legalidad. ¿Podemos aceptar los ciudadanos de otros países seguir siendo ratas de laboratorio en esas prácticas inaceptables en territorio estadounidense si se aplican a estadounidenses?

¿Les parecen suficientes los controles legales que existen en los E.UU. sobre estos programas? ¿Y en España? A los resp0nsables de la seguridad y a la mayor parte de los diputados que asisten a las sesión de información en el Congreso parece que sí. ¿No deberían ser objeto de una supervisión más rigurosa, menos personal y, por supuesto, mucho menos secreta de las actividades de los servicios secretos? ¿Tiene sentido limitarla a un juez, a quien el responsable de las operaciones le comunica un secreto?

Con todos mis respetos para los servicios españoles de seguridad y para el sistema de supervisión judicial y parlamentaria introducido con las reformas de Aznar, me parece insuficiente, igual que a muchos dirigentes y ciudadanos estadounidenses les parecen insuficientes los que existen en su país.

Cuando se publicaron los informes robados pro Snowden a la NSA, el general Alexander y otros destacados responsables de la seguridad de los EE.UU. dijeron: «cuidado, gracias a esa información hemos evitado 54 atentados graves». Los legisladores que interrogaron a estos dirigentes en el Capitolio en sesión pública redujeron la lista a 12 y, de esos doce, con absoluta seguridad sólo a uno que, en opinión de Leahy, fue neutralizado gracias a una investigación del FBI, no de la NSA o de la CIA.

Mientras la información real permanezca en las sombras o en la penumbra, las justificaciones de sus excesos en aras de la seguridad serán pura retórica, imposibles de demostrar. Puede que, ante una amenaza existencial externa, los ciudadanos estén dispuestos a callar, soportar en silencio y apoyar a sus instituticiones y a sus dirigentes sin datos para distinguir la verdad de la mentira. Sin esa amenaza existencial, que se da muy pocas veces en la historia de un país, y menos en tiempos de crisis, ese comportamiento incontrolado, al margen de la supervición democrática, alimenta la desconfianza de la ciudadanía y la aleja de los gobernantes o, peor aún, la empuja hacia posiciones o grupos que cuestionan los fundamentos mismos del sistema tal como lo conocemos.

Seamos prácticos: si se graba todo, no sirve de nada, pues es tal el esfuezo necesario para su evaluación, análisis y conversión en información útil para las operaciones que siempre se llegará tarde.

 Reconozco las dificultades para recuperar el equilibrio necesario entre seguridad y privacidad. El bipartidismo radical que padecen los EE.UU. no favorece un consenso como el que busca la mayoría democráta en el Senado para reformar las leyes del primer decenio de este siglo. Muchos republicanos siguen prefiriendo el statu quo. No quieren arriesgarse a verse señalados con el dedo como culpables del próximo gran atentado por poner un  poco de orden en los mastodontes del espionaje norteamericano.

¿Cómo esperar reformas importantes del sistema del mismo Comité de Inteligencia que di0 por buenos estos programas durante años? Sería desautorizarse a sí mismos…

Si se lograra la publicación de las opiniones de los jueces responsables de la autorización de estos programas, ya sería un avance.

Si no se cambian las reglas de juego y se aclaran los límites del espionaje de las grandes empresas de comunicación y de los datos que circulan por la red, todos saldremos perdiendo. El comercio sufrirá. Cada país con los recursos necesarios acelerará la construcción de sus sistemas defensivos y ofensivos en este ámbito y asistiremos a un proteccionismo de nuevo cuño nefasto para el comercio y las inversiones internacionales.

Por supuesto que hay mucha hipocresía en las reacciones de muchos países a la publicación de los informes extraídos de los servicios secretos estadounidenses. ¿Quién no tiene un garito como el de Casablanca en su propio barrio?

Pregunten o escuchen a los responsables de Google, Facebook y demás gigantes de la red qué piensan al verse identificados por muchos como herramientas de los servicios de espionaje de los EE.UU.?

 ¿Tiene sentido exigirles a estas empresas la información y, al mismo tiempo, prohibirles hablar de las exigencias que reciben? ¿Hasta dónde llega la complicidad, las puertas giratorias, los favores mutuos en esa relación?

¿Se entiende que, en una gran empresa, alguien de dentro o subcontratado robe información tan valiosa y nadie pague por ello, nadie sea destituido fulminantemente?

Si el 90% o más de la información clasificada, como señalan una y otra vez los expertos, no tiene nada de secreta, ¿a qué se espera para cambiar las reglas y los procedimientos de reserva, secreto y clasificación?

 En los principales escandalos que han alido a la luz se ha podido ver:

-Una prepotencia peligrosa de los responsables de la seguridad: podemos hacer eso y mucho más.

-Una falta increíble de controles para evitar que esa información caiga en manos de quien no debe.

-Una resistencia asombrosa a asumir responsabilidades por los daños causados.

-Una dependencia excesiva de la tecnología y un abandono de los medios humanos.

La tecnología -los radares más modernos, los satélites más avanzados- permitieron localizar lo mejor de las bases soviéticas en Ucrania, pero no aportaron pista alguna sobre el fin de la URSS.

Esa misma parafernaliza de ordenadores, drones y satélites han permitido exportar la guerra contra A Qaeda de Afganistán a Pakistán, Yemen, el cuerno de África y el Sahel, pero sirvió de poco para acabar con Bin Laden, y no parece más eficaz para cazar a su sucesor, Al Zawahiri.

El miedo a juzgar en los tribunales civiles a los detenidos, sospechosos de crímenes, actos terroristas u otros delitos ha sido -creo- un grave error. La mejor prueba está en las críticas que los tribunales militares han recibido de los propios militares. Ya va siendo hora de acabar con esta anomalía.

 

Newsmakers with Senator Patrick Leahy, Clip 1

Nov 15, 2013

Senate Judiciary Committee Chairman Patrick Leahy (D-VT) talked about National Security Agency (NSA) surveillance programs and the USA FREEDOM Act on “Newsmakers.” In this brief portion of the interview he spoke about his differences with Senator Dianne Feinstien (D-CA).

Deja una respuesta

Campos requeridos marcados con *.


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.