Más de 65,000 personas detenidas, un centenar de muertos en las cárceles, torturas y detenciones arbitrarias, restricción de derechos constitucionales, ocultamiento de información oficial, contratos y compras públicas sin licitación y legalización de la arbitrariedad para que los cuerpos de seguridad puedan detener a cualquiera. Estos son apenas los más visibles resultados del régimen de excepción, que esta semana cumple un año de haberse decretado y que ha sido prorrogado, ininterrumpidamente, 11 veces en igual número de meses desde su entrada en vigor.

Es un entramado jurídico que incluye otros 15 decretos legislativos y que instauró cambios sensibles en el esquema de seguridad pública y de justicia del país. Cambios tan relevantes como el surgimiento de jueces sin rostro, la posibilidad de condenar a cárcel a alguien que no esté presente en el juzgado o de que niños de 12 años, en lugar de enfrentar medidas de internamiento, sean castigados con hasta diez años de cárcel.

El régimen de excepción es una herramienta extraordinaria permitida por la Constitución en el artículo 29, donde se establece la lista de derechos fundamentales que, según sea la emergencia, el Gobierno puede suspender para restablecer el orden. Tras la masacre de 87 personas en un fin de semana, Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa que impusiera la medida a finales de marzo de 2022. Una investigación de El Faro reveló que aquellas muertes eran la respuesta de La Mara Salvatrucha-13  a capturas contra algunos de sus miembros, mientras estaba aún vigente el acuerdo entre el Gobierno de Bukele y esa pandilla. 

En un inicio, el régimen se centró más en esa organización criminal, pero con el paso de los meses ya no hubo distinción, y la persecución fue también para el Barrio 18 Sureños, el Barrio 18 Revolucionarios e incluso para pandillas más pequeñas cuya principal actividad era la venta de drogas.