Relaciones Internacionales – Comunicación Internacional

Un proyecto para España (Ana Palacio, Javier Gomá, Joaquín Leguina y Eduardo Serra)

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El 30 de octubre de 2019 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el diálogo titulado “Un proyecto para España”, en el que participaron Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores; Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, y Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid. El primero en intervenir fue Javier Gomá, quien indicó que, si tenemos que preguntar por la esencia de lo español, tendremos que acudir a la historia de España. En su opinión, para poder responder, tenemos que recuperar la capacidad de asombro sobre los logros históricos españoles.

Entre ellos, Gomá destacaría la Transición, que la describió como una revolución que tuvo lugar entre 1975 y 1978. Esa revolución implicó un desplazamiento súbito de la soberanía desde el jefe del Estado al pueblo. La Transición es una revolución que mejora revoluciones anteriores, como la inglesa, la americana, la francesa o la rusa. Las mejora porque la Transición española se hizo a través de la ley, no mediante la violencia como en los otros casos. De esta forma, España dio un ejemplo, tardío pero excelente, de una revolución pacífica que significo la mayoría de edad de España como país moderno. Gracias a la Transición, en España se vive mejor que nunca.

En paralelo al progreso económico se produjo un progreso moral. Por tal se entiende la sustitución de la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, por la ley del amor, que es la ley del más débil. Esto nos hace vivir una vida mejor y más digna de ser vivida. La paradoja reside en que, aunque vivimos en el mejor momento de la historia, se extiende una sensación de tristeza, descontento, indignación, cólera. Esto se debe a que, en la medida en que nuestro sentimiento de la dignidad es cada vez más importante, mayor es el número de cosas que consideramos inaceptables. Por último, está el problema del cortoplacismo. A los políticos les preocupa el plazo parlamentario de cuatro años y a las empresas el balance anual. Por tanto, ¿quién se hace cargo del largo plazo?

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