Tcol. Jesús Díez Alcalde. Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
En 2013, la promulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional[1], que revisaba y sustituía a la de Estrategia Española de Seguridad de 2011[2] –la primera en la historia de España–, supuso la constatación de que la seguridad avanzaba hacia su consolidación como un política de Estado, que debía nacer siempre del amplio consenso político y superar las agendas de cada Gobierno. «La seguridad –subrayaba el presidente de Gobierno Mariano Rajoy en el preámbulo de este trascendental documento– es un fundamento esencial para el desarrollo y el progreso de una sociedad libre. Por eso, resulta imprescindible un entendimiento básico y generalizado de su importancia como garantía del bienestar de los ciudadanos y de la estabilidad del propio Estado».
Dos años después, el Consejo de Seguridad Nacional ha aprobado el segundo Informe Anual de Seguridad Nacional[3], que realiza un diagnóstico sobre los desafíos que enfrentamos en este ámbito y analiza, profusamente, la evolución de las amenazas –desde el terrorismo o el crimen organizado, hasta los ciberataques o la inestabilidad económica– o de los desafíos que representan nuestra dependencia de recursos energéticos externos o del tráfico marítimo internacional. Gracias a la intensa labor de coordinación del Departamento de Seguridad Nacional, que comenzó su andadura en 2012, en este informe han participado todos los departamentos ministeriales; y su proceso de elaboración ha estado marcado por una dinámica colaborativa que permitiera aunar esfuerzos, integrar conocimiento y aportar las capacidades específicas de todos los actores –públicos y privados– indispensables para garantizar la protección de nuestros intereses, dentro y fuera de nuestras fronteras.
En la actualidad, el desarrollo de la Política y del Sistema de Seguridad Nacional ha situado a España entre los países más avanzados en el ámbito del pensamiento estratégico, pero también –y mucho más importante– en la plasmación de acciones concretas para orientar, priorizar y sincronizar la lucha contra aquello que hoy nos amenaza; y todo ello en un escenario internacional cada vez más confuso e impredecible. Así, ante la sinrazón yihadista que pretende aterrorizarnos, el Informe subraya que esta lucha es «una de las primeras acciones para garantizar la Seguridad Nacional», cuya primera prioridad es hacer un seguimiento de las estructuras radicadas en España que captan, financian y envían a yihadistas hasta Siria, Iraq o el Sahel; además destaca la urgencia de prevenir la radicalización o de abordar esta amenaza transnacional desde un enfoque integral, que contempla el compromiso para erradicarla allí donde se origina y extiende.
En cuanto al crimen organizado, capaz de socavar los cimientos de cualquier Estado, las acciones concretas –fundamentalmente en el ámbito policial y de inteligencia estratégica, tanto nacional como internacional– se centran en la lucha contra el narcotráfico, el cibercrimen, el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos, o la creciente interconexión entre criminales y yihadistas en África u Oriente Medio.