Por Javier Martín

31 de marzo de 2022

Solo un 9% de los millones de personas que migran cada año en África busca saltar a una Europa cuya política de seguridad ha agudizado los problemas del norte del continente

El 30 de enero de 2020, la organización humanitaria Oxfam Intermón publicó un prolijo y acerado informe sobre los flujos de la migración en el norte de África y el Sahel que exponía con claridad los efectos de las políticas militaristas aplicadas durante la década anterior por la Unión Europea en ambas regiones, convertidas en la nueva y voluble frontera sur de Europa. Cerca de cuarenta páginas basadas en la experiencia sobre el terreno, en decenas de entrevistas personales y años de minuciosa investigación que conducían a dos conclusiones tan polémicas como turbadoras: la primera, que la magnitud de la cuestión migratoria, pese a ser un drama real y preocupante, ha sido sobredimensionada durante el último lustro por razones espurias, de índole política y económica; la segunda, que esta amplificación responde a una estrategia pancista, diseñada por la propia Europa comunitaria, con el objetivo de erigirse en la primera “proveedora de seguridad y defensa” en ambas regiones, como consignó la misma Comisión Europea en el borrador para el marco presupuestario 2020-2027, publicado dos años antes.

Miles de millones de euros dedicados a blindar las fronteras, militarizar los Estados vecinos del sur y externalizar el control de los flujos migratorios con un velado anhelo final –favorecer e impulsar el magro negocio de la industria bélica y de seguridad europea–, pese a que las cifras confirman una realidad diferente y los testimonios un abanico de problemas y consecuencias a corto y medio plazo más amplio y diverso: de acuerdo con las cifras proporcionadas por Oxfam, en 2017, fecha del auge de llegadas a través del mar, el número de migrantes calificados como “irregulares”, incluidos los demandantes de asilo pendientes de resolución, suponía apenas un 1% de la población europea.

En el caso de uno de los países fronterizos más vulnerables, como España, el porcentaje era incluso ligeramente inferior. A finales de 2019, el número de ciudadanos extranjeros que habían completado su periplo e ingresado de forma clandestina sumaban en torno a 400.000 personas, alrededor del 0,8% de la población total residente. Ese mismo año, y en una entrevista realizada en su despacho en Niamey, Tchermo Hamadou Bulilama, director de programas de la organización local Espacio Alternativo Ciudadano explicaba a los autores del web-doc The Libyan Crossroads (2010-2020), trabajo de referencia sobre el Sahel incluido en el fondo documental de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que el 91 por ciento de los millones de personas que se mueven cada año en África en busca de trabajo y prosperidad lo hacen a través de las fronteras interiores y que solo un 9% busca saltar al pretendido paraíso europeo desde los desiertos del Sahel y las playas del norte de África, territorios cuyas dinámicas se desconocen –o se obvian– en Europa, más proclive en su política de vecindad a levantar muros que a construir caminos seguros.

Histórico cruce de caminos, el norte de África y el Sahel son hoy, iniciada la segunda década del siglo XXI, un territorio sumido en múltiples crisis, víctima de la merma de sus tradicionales modelos de vida –arruinados por la imposición acelerada de la modernidad, la avidez capitalista, el fracaso…

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CIPER (Lee el artículo original de Contexto y Acción aquí)