Puede parecer un debate corporativo, pero no lo es. Establecer, de algún modo, quién es periodista y quién no, significa decidir a quién se le puede exigir una buena praxis y el cumplimiento de normas deontológicas, como sucede en otras profesiones, y a quién no. Las universidades y los colegios profesionales quieren que uno de los ingredientes para establecer quién es periodista sea una titulación oficial. Muchos profesionales, en particular directores de medios, además de las empresas (que, en la práctica, son las que hoy deciden quién es periodista y quién no, otorgándoles esa condición sin otro criterio que la voluntad de quien paga) y algunas asociaciones, como la APM, defienden lo contrario.
El Gobierno, sin quererlo, ha abierto esta caja de Pandora, porque para regular el derecho al secreto profesional de los periodistas primero hay que establecer quiénes lo son.
¿Cuál es el fondo del asunto? Que las empresas de medios quieren seguir haciendo lo que les venga en gana y que nadie pueda exigir el cumplimiento de las normas deontológicas.
Lo que hay que saber
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