MADRID – La política internacional abunda en disputas territoriales sin resolver: desde las reivindicaciones de Japón y China sobre las Islas Senkaku/Diaoyu, al prolongado desacuerdo fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. En este ámbito, poca atención se presta al Sáhara Occidental, pese a que se ha abierto un periodo con expectativas claras de avances hacia la consecución de un acuerdo.

Con cerca de 600.000 habitantes y una superficie de 266.000 km2, el Sáhara Occidental —colonia española hasta 1975—, es el más grande de los 17 territorios no autónomos que figuran en el listado de Naciones Unidas (NNUU) cuyo status político definitivo está todavía pendiente. Poca atención internacional se ha proyectado durante las cuatro décadas pasadas sobre esta cuestión que enfrenta a Marruecos, que controla al 80% del territorio, y al grupo independentista Frente Polisario, que controla el 20% restante, fronterizo con Argelia.

El mes pasado viajé a la capital El Aiún —ciudad vibrante, innegablemente interesante, surgida de la antigua cuadrícula española— para examinar la sostenibilidad de las operaciones del Grupo OCP, de cuyo Consejo Asesor Internacional formo parte. El Grupo OCP es el primer productor global de fosfato y sus reservas superan el 70 % de los depósitos mundiales estimados. Lleva a cabo sus operaciones en el territorio a través de su filial Phosboucraa, que representa aproximadamente el 6% de la cifra de negocio del grupo y el 1,6% de sus reservas.

Mi visita tenía por objeto medir el impacto de las actividades de Phosboucraa —inversiones en infraestructuras, creación de centros de formación, colaboraciones con cooperativas agrícolas, entre otras— desde la perspectiva de su ajuste a la doctrina de NNUU sobre explotación de recursos naturales en territorios no autónomos, fundamentada en los beneficios para el territorio y sus habitantes en tanto se determina su status político definitivo.

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