«El año que dejamos ofrece muchas sombras desde la perspectiva de los derechos sociales, del bienestar social, y, en definitiva, de los valores con que se sostiene nuestro modelo social», escribe Rafael del Río Sandino, presidente de la Fundación FOESA, de Cáritas, en la introducción del informe Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013″,  presentado el 20 de marzo.

Se han alcanzado máximos históricos en desempleo y grandes aumentos de la desigualdad, mientras que los procesos de empobrecimiento y de inseguridad económica de los hogares españoles han llegado a un punto de difícil retorno. Los mecanismos de aseguramiento de la sociedad se han debilitado, y las políticas de austeridad han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad española. Sin lugar a dudas las personas más afectadas por la crisis son aquellas que se encuentran en las capas más humildes de nuestra población.

La función protectora del Estado de Bienestar se está debilitando, y con ella se está fijando en nuestra estructura social una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos. El futuro, si no sucede una urgente reversión, estará marcado por esta tendencia… seguir leyendo

Algunos de los datos que respaldan esa valoración

El avance de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012, con ingresos del año anterior, sitúa la pobreza relativa en una tasa superior al 21% de la población total. En 2007 esa tasa era el 19,7%,

• En 2012 se desigó la actualización de las pensiones del comportamiento de la inflación y aumentó más que en los años precedentes la cuantía de las pensiones no contributivas (un 3,2% frente al 1% de los dos años anteriores).
• De casi un 80% de desempleados cubiertos por el sistema de prestaciones, en 2012 se pasó a otro en el que una de cada tres personas sin empleo no recibe prestaciones de ningún tipo.
• En la reforma laboral aprobada en 2012 se redujo sustancialmente la protección del puesto de trabajo, facilitando el despido objetivo, eliminando la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo y reduciendo la compensación por los despidos no justificados.
• Las medidas de contención del déficit público adoptadas desde 2010 han supuesto un punto de inflexión en el acceso a los derechos sociales en España en el período democrático. Ha aumentado el coste del acceso a servicios básicos, se han reducido los presupuestos de educación y sanidad y se ha excluido a una parte de la población inmigrante de determinados servicios a los que hasta ahora tenían acceso.
• El porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasó del 30 en 2007 al 44,5% en 2012, mientras que los que declaran retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) aumentaron en ese mismo período desde el 5 al 7,4%.
• El número de hogares que no recibe remuneración alguna del trabajo, prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social pasó de, aproximadamente, un 2% en vísperas de la crisis al máximo histórico del 3,7%.